Por: Gilberto Escoboza Gamez

Con fecha 25 de enero de 1925, el Jefe de Defensores de Oficio, Sr. Bernardo Cabrera, dirigió su oficio No. 1303 al Secretario General de Gobierno, en el que le comunicaba que el Sr. José Esperjencio Montijo había renunciado al puesto de Defensor de Oficio adscripto a los Juzgados de Primera Instancia de Nogales, “por haber sido agraciado con el cargo de Notario Público No. 2, con residencia en el mismo lugar”; y a la vez que le comunicaba lo anterior al Ejecutivo, presentaba una terna para substituir al Sr. Montijo, por las siguientes personas: -MIGUEL A. CAMPILLO, JOSE MARIA DUARTE y RICARDO MORENO.

Con fecha 29 del mismo mes y año, se envió el nombramiento al Sr. Miguel Campillo, quien enseguida se hizo cargo de la Defensoría de Oficio de Nogales; pero hete allí que el 6 de abril siguiente, se recibió en Palacio el siguiente escrito:

 

“Al C. Walterio Pesqueira,
Secretario General del Gobierno del Estado.
P r e s e n t e”.

“Los suscritos, el total de reclusos en esta Cárcel Municipal, procesados como presuntos responsables de diversos delitos del orden común ante los Juzgados de Primera Instancia de este Partido Judicial y Local de esta población, muy respetuosamente nos permitimos exponer:
“Que con motivo del reciente nombramiento expedido por el Gobierno del Estado, para Defensor de Oficio de este lugar, y en favor del señor Miguel O. Campillo, nuestras causas se han visto afectadas gravemente, por razón de la impericia y falta de voluntad con que desempeña su cometido el actual Defensor de Oficio Sr. Campillo.”

“Las razones fundamentales que nos mueven a dirigirnos a usted, señor Secretario, son las de que el pueblo, a quien no digamos bajo sino pobre, ha tenido en muy alta estima a la persona de usted, porque siempre se ha caracterizado como protector decidido de esta clase citada a la cual pertenecemos, de que además del gran sufrimiento a que estamos sujetos en nuestra triste situación, nuestras desventuradas familias que lloran la ausencia del ser querido que gime tras la reja de la prisión, se encuentran en la espantosa situación a merced de la horrible miseria, carentes no sólo de unos cuantos centavos con qué cubrir honorarios a quien se encargue de nuestras defensas, sino que carecen del pan con qué alimentar a nuestras inocentes criaturas y nuestros ancianos padres.”

“Por eso nos permitimos elevar ante la consideración de usted nuestra queja del desamparo en que se encuentran nuestras causas en los Juzgados, por falta de conocimientos del actual Defensor de Oficio; y como una justísima aclaración diremos a usted, Señor Secretario, que desde hace algún tiempo nos vemos favorecidos en nuestras defensas, gratuitamente, por un señor Agustín Antúnez, quien desinteresadamente ha puesto sus servicios en beneficio nuestro, siendo actualmente quien diariamente se encarga dignamente de nuestra defensa en las causas respectivas; sin remuneración alguna.”

“En esa virtud, señor Secretario, muy respetuosamente solicitamos de usted la ayuda que esté a su alcance, a fin de que se extienda nombramiento de Defensor de Oficio en favor del expresado señor Antúnez, de quien recibimos el grandísimo beneficio de defensa”.
“Protestamos a usted nuestros humildes respetos, y le anticipamos nuestro profundo agradecimiento por lo que se sirva hacer en favor nuestro y de infinidad de familias que hacen votos por su felicidad”.

“Cárcel Municipal de Nogales, a seis de abril de mil novecientos veinticinco” “MANUEL VELAZQUEZ, ENRIQUE BARRAZA, RAFAEL RODRIGUEZ, ANTONIO MARTINEZ, RAFAEL VEGA, ANTONIO CUAMEA, TOMAS MACEDO, JOSE M. CUEVAS, FRANCISCO S. AGUIRRE, J.M. GARZON, SEVERO OCHOA, RAMON MORENO, MAURICIO PERAZA”… Etc., con sus firmas.

Enseguida que se enteró del contenido de esa comunicación el Gobernador del Estado, Sr. Don Alejo Bay, ordenó que se transcribiera al Jefe de Defensores de Oficio, quien dispuso que se realizara una investigación sobre el asunto; y mientras tanto, el Sr . Walterio Pesqueira transcribía la misma carta a quien se acusaba.

En una carta fechada el 19 de mayo, un mes y trece días después de que los presos de Nogales habían elevado su queja ante la Secretaría General de Gobierno, el Sr. Miguel O. Campillo se dirige al Jefe de Defensores de Oficio, con oficina en el Palacio de Gobierno, manifestándole que no conoce a los reos firmantes del memorial, en virtud de que cada uno de ellos tiene su defensor particular, por ser personas de buenos recursos particulares; y que menos tiene algo que ver con el reo Severo Ochoa, porque está sentenciado a muerte; y terminaba su comunicación en la siguiente forma:

“Me permito manifestar a Ud., que la petición hecha por los procesados en mención y según informes que ellos mismos me han dado se debió a que el señor Agustín Antúnez los sorprendió haciéndoles firmar, una petición en todo falsa y haciéndoles creer que el Gobierno podía nombrar a dos Defensores de Oficio en la localidad para activar sus causas”…

Después de que las personas que investigaron la acusación rindieron su informe y se vió que todo era una intriga maquinada por quien deseaba ser Defensor de Oficio, sin tener los merecimientos para ocupar el puesto, la cosa quedó como dicen los juristas: SUBIATA CAUSA, TOLLITUR EFFECTUS (Suprimida la causa, desaparece el efecto).

Desgraciadamente el Sr. Campillo estaba destinado a salir de su puesto en una forma penosa, porque si en la primera Investigación que se le hizo logró vencer a la calumnia, al año siguiente la acusación en su contra vino de parte de dos presidentes municipales de Nogales, el Dr. Fernando E. Priego y don Guillermo Mascareñas, por “la explotación de los mexicanos que tratan de pasar la línea divisoria, extendiéndoles al efecto certificados falsos por los que cobra cantidades excesivas”…
El 30 de abril de 1926 don Miguel O. Campillo fue cesado de su puesto. Los hombres que gobernaban el Estado desde Hermosillo, consideraron que los acusadores de esta ocasión eran personas muy respetables y no se podía dudar de ellas.